Andres Willa Abogado

Su empresa puede estar pagando tasas municipales que no debería pagar

Estimados 

Para muchas empresas, especialmente PYMES, las tasas municipales forman parte de esos costos que se pagan todos los meses casi sin discutir.

Seguridad e Higiene,  Publicidad y Propaganda, Abasto y Control Bromatológico, Tasas sobre antenas, Alumbrado, Mantenimiento vial, Servicios generales. Adicionales que aparecen incorporados a otras tasas. La lista es larga.

Y hay una pregunta que pocas empresas se hacen: ¿El Municipio puede cobrar todo lo que crea que puede cobrar? La respuesta es no.

Una cosa es que un Municipio tenga potestad tributaria. Otra muy diferente es que pueda utilizar esa potestad para cobrar una tasa sin que exista un servicio concreto que la justifique. Y esta diferencia puede representar mucho dinero.

Una tasa no es un impuesto con otro nombre

La cuestión parece técnica, pero para una empresa es muy concreta.

Un impuesto se cobra porque ocurre un determinado hecho imponible.

Una tasa tiene otra lógica: existe porque el Estado presta —o pone efectivamente a disposición— un servicio vinculado con el contribuyente.

Por eso la jurisprudencia de la Corte Suprema ha construido durante décadas una regla que sigue siendo plenamente vigente: para que exista una tasa debe existir un servicio concreto, efectivo e individualizado.

La Corte volvió a sistematizar esta doctrina en Gasnor c/ Municipalidad de La Banda, retomando una línea que incluye, entre otros, los precedentes Compañía Química, Laboratorios Raffo y Syngenta.

Esto tiene una consecuencia práctica muy importante: el Municipio no puede solucionar la falta de servicio simplemente llamando “tasa” al tributo.

El problema aparece cuando la tasa financia algo que se parece demasiado a un impuesto

Una de las situaciones que más frecuentemente encontramos es la utilización de bases imponibles vinculadas con la facturación, los ingresos, el nivel de actividad o determinadas variables económicas de la empresa.

Eso merece ser analizado.

No porque una tasa jamás pueda utilizar una determinada base de cálculo, sino porque debe existir una relación razonable entre aquello que se cobra y el servicio que se pretende financiar.

La pregunta que debemos hacerle al Municipio es muy sencilla: ¿Qué servicio presta? Y después: ¿Dónde está acreditado que lo presta? Y finalmente:

¿Existe una relación razonable entre el costo de ese servicio y lo que se recauda?

Cuando las respuestas no aparecen con claridad, existe un problema jurídico que merece ser estudiado.

El caso Necochea: un ejemplo que las empresas deberían mirar

Un caso particularmente interesante es el de la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial de la Municipalidad de Necochea.

La ordenanza establece un tributo vinculado con los servicios de mantenimiento, conservación, reparación, mejorado, señalización y obras complementarias de determinadas arterias utilizadas por vehículos de carga vinculados con las terminales portuarias.

La base imponible se determina por cada tonelada de mercadería cargada o descargada en las terminales portuarias y la liquidación es mensual. La propia ordenanza establece además que lo recaudado debe afectarse a los gastos vinculados con esos servicios.

Esto es importante porque muestra cómo debe plantearse una discusión tributaria seria.

No alcanza con decir: “La tasa es demasiado alta.”

La pregunta jurídicamente relevante es otra: ¿El servicio que justifica la tasa existe, se presta efectivamente, puede ser identificado y guarda una relación razonable con lo que se está cobrando?

En diciembre de 2025, en el expediente Sitio O de Quequén S.A. y otros c/ Municipalidad de Necochea s/ Pretensión Anulatoria, se obtuvo una medida cautelar que suspendió la pretensión de cobro de esta tasa respecto de los actores.

El caso resulta especialmente interesante porque demuestra que la discusión sobre tasas municipales no es una cuestión meramente académica.

Puede tener efectos económicos inmediatos sobre una empresa.

No todas las empresas deben litigar. Pero todas deberían analizar lo que están pagando.

Este es probablemente el punto más importante.

No creemos que la respuesta frente a una tasa municipal cuestionable sea siempre iniciar un juicio.

Sería irresponsable aconsejarlo de esa manera.

Antes hay que analizar:

• cuánto representa el tributo dentro de los costos de la empresa;
• si la tasa se proyectará durante años o responde a una situación excepcional;
• cuál es el servicio que supuestamente la justifica;
• si existe sustento territorial para su cobro;
• cómo está determinada la base imponible;
• qué antecedentes administrativos existen;
• qué documentación tiene el Municipio;
• si existen antecedentes judiciales favorables o desfavorables;
• qué riesgo existe de que el Municipio intente determinar deuda o aplicar sanciones;
• qué alternativas existen para garantizar el crédito municipal mientras se discute su legitimidad;
• y, fundamentalmente, cuánto cuesta litigar frente a cuánto puede recuperarse o dejar de pagarse.

La decisión correcta no es “pagar” o “demandar”.

La decisión correcta es saber exactamente qué se está pagando, por qué se está pagando y qué alternativas jurídicas existen.

¿Qué tasas municipales deberían revisar las empresas?

Hay algunas que merecen especialmente nuestra atención.

Tasa de Seguridad e Higiene

Es probablemente uno de los campos de mayor conflictividad. Debe analizarse, entre otras cuestiones, si existe sustento territorial, cuál es concretamente el servicio prestado, cómo está definido el hecho imponible y si la estructura de la tasa respeta los límites constitucionales.

El precedente Laboratorios Raffo es particularmente relevante para los casos en los que el Municipio pretende cobrar una tasa cuando no existe un establecimiento o sustento territorial suficiente para que el servicio pueda ser efectivamente prestado. La Corte Suprema revocó el criterio que había permitido el cobro a una empresa que no contaba con local en la jurisdicción.

Tasas de Abasto y Control Bromatológico

También merecen revisión cuando se pretende cobrar por controles que no aparecen debidamente individualizados, cuando la prestación no se acredita o cuando el tributo termina funcionando como una fuente general de financiamiento municipal.

Publicidad y Propaganda

Debe analizarse especialmente qué actividad municipal concreta justifica el cobro, dónde se presta y cuál es la vinculación con el contribuyente.

Tasas sobre antenas

La proliferación de gravámenes sobre estructuras, antenas y equipos de telecomunicaciones también genera interrogantes acerca de la verdadera naturaleza del tributo y de la relación entre el servicio municipal y el importe exigido.

Las llamadas “tasas mochila”

Son particularmente interesantes.

Se trata de adicionales o componentes que se incorporan sobre otras tasas o servicios y que pueden terminar incrementando significativamente la carga municipal de una empresa. No deberían aceptarse simplemente porque aparecen incorporados en una liquidación.

Hay que mirar qué se está cobrando y cuál es su fundamento.

Proyectos RIGI y nuevas inversiones

Para empresas que están desarrollando proyectos de inversión, también resulta estratégico revisar desde el inicio la estructura tributaria municipal.

Una tasa que parece marginal cuando comienza un proyecto puede convertirse en un costo relevante cuando aumenta la producción, la facturación, el movimiento de mercaderías o la utilización de infraestructura. La discusión tributaria no debería empezar cuando aparece la deuda. Debería empezar cuando se diseña la inversión. ¿Y qué ocurre con lo que ya se pagó? Esta es otra cuestión que muchas empresas pasan por alto.

Una empresa puede haber pagado durante años una tasa que después es declarada ilegítima. Eso no significa necesariamente que el dinero esté perdido.

Dependiendo del caso, puede analizarse la posibilidad de promover una acción de repetición para recuperar lo abonado indebidamente.

Y aquí existe una cuestión particularmente relevante en el contexto inflacionario actual.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el precedente Barrios, declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de actualización monetaria contenida en el artículo 7 de la Ley 23.928, habilitando un análisis más realista de la preservación del valor de los créditos. La aplicación concreta de esta doctrina dependerá de las características de cada caso, pero el principio es importante: recuperar un crédito no significa necesariamente recuperar nominalmente los mismos pesos que se pagaron años atrás.

En determinados supuestos, la discusión puede involucrar mecanismos de actualización y una tasa de interés pura, según lo que corresponda jurídicamente al caso concreto. Existen ya pronunciamientos provinciales que aplican la doctrina Barrios y contemplan una tasa pura del 6% anual en determinados supuestos.

Lo más importante: el Municipio también tiene que demostrar

Durante mucho tiempo, frente a una discusión tributaria, la empresa quedaba en una posición incómoda: “Demuestre usted que el Municipio no prestó el servicio.” Pero existe una dificultad evidente. ¿Cómo demuestra una empresa que un servicio que no recibió nunca fue prestado? La jurisprudencia más reciente aporta una respuesta especialmente valiosa.

En Gasnor, la Corte Suprema sistematizó como uno de los recaudos de validez de las tasas locales que corresponde al Fisco municipal acreditar, cuando es controvertida, la prestación concreta, efectiva e individualizada del servicio.

Esto cambia la perspectiva del litigio.

El Municipio tiene registros de inspecciones. Tiene actas. Tiene informes técnicos. Tiene personal. Tiene presupuestos. Tiene información sobre la ejecución de los servicios.

La empresa no puede ser obligada a demostrar un hecho negativo que se encuentra en la esfera de conocimiento y documentación de la propia Administración.

Por eso, en un proceso bien planteado, la prueba se convierte en una herramienta central. No alcanza con discutir la ordenanza.

Hay que obligar al Municipio a explicar qué servicio prestó, cuándo lo prestó, cómo lo prestó, a quién, con qué recursos y cuál fue su costo.

Nuestra experiencia: litigar cuando corresponde y evitar litigar cuando no corresponde

En nuestro Estudio hemos intervenido durante años en conflictos tributarios municipales, promoviendo procesos destinados a cuestionar tasas de Seguridad e Higiene, tasas viales, alumbrado y otros tributos locales.

En distintos casos se obtuvieron pronunciamientos favorables que permitieron discutir la legitimidad de los cobros y, posteriormente, avanzar sobre la recuperación de las sumas indebidamente abonadas.

Nuestra forma de trabajar parte de una premisa diferente: no queremos que una empresa litigue porque sí. Queremos saber primero si existe un problema. Después, cuánto vale. Luego, qué posibilidades reales existen de obtener un resultado favorable. Y recién entonces decidir cuál es la estrategia más conveniente. A veces será una presentación administrativa. A veces una discusión preventiva. A veces la constitución de una garantía para evitar un desembolso mientras se debate la legitimidad del tributo. Y en otros casos será necesario llegar a los tribunales.

Una tasa municipal puede ser un costo. Pero también puede ser una oportunidad de revisión. Las empresas revisan contratos. Revisan salarios. Revisan seguros. Revisan costos financieros. Revisan proveedores. Las tasas municipales deberían recibir el mismo nivel de atención.

Porque una tasa aparentemente pequeña, multiplicada por doce meses, por varias jurisdicciones y durante varios años, puede transformarse en un costo considerable.

Y porque pagar durante mucho tiempo no convierte en legítimo aquello que jurídicamente no lo es.

Si su empresa paga tasas municipales importantes, vale la pena preguntarse si realmente corresponde pagarlas. No para iniciar un juicio innecesario. Sino para tomar una decisión empresarial con información sensible.

Analizamos estos casos desde una perspectiva que combina derecho tributario, litigación y realidad empresarial: cuánto se paga, por qué se paga, qué riesgo existe, qué puede discutirse y, cuando corresponde, qué puede recuperarse.

Porque frente al poder tributario municipal, conocer sus límites también es una forma de proteger el patrimonio de la empresa.

Atte

ANDRES WILLA
Estudio Willa
Abogados & Consultores Tributarios
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