Estimados
El Gobierno habilitó la licitación de un proyecto estratégico para ampliar y modernizar la red de transporte eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La Secretaría de Energía de la Nación dio un paso relevante en el desarrollo de infraestructura energética: mediante la Resolución 202/2026, publicada el 12 de agosto en el Boletín Oficial, autorizó el llamado a licitación para ejecutar las obras de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión correspondientes al proyecto “AMBA I”.
No se trata solamente de una obra de infraestructura. AMBA I forma parte de una estrategia de expansión del sistema eléctrico nacional y abre un nuevo espacio de participación para inversores, empresas constructoras, operadores y actores especializados del sector energético.
¿Por qué AMBA I es estratégico?
El Área Metropolitana de Buenos Aires concentra aproximadamente el 40 % de la demanda eléctrica del país.
La ampliación de la capacidad de transporte resulta, por lo tanto, crítica para acompañar el crecimiento de la demanda, mejorar la confiabilidad del sistema y reducir restricciones que pueden afectar el abastecimiento eléctrico.
El proyecto contempla dos etapas de ejecución, que podrán desarrollarse parcial o totalmente en paralelo, e incluye:
* una nueva estación transformadora;
* ampliaciones y adecuaciones de instalaciones existentes;
* nuevas líneas de transmisión de 500 kV, 220 kV y 132 kV;
* obras necesarias para incrementar la capacidad y confiabilidad del sistema.
Un modelo que combina infraestructura e inversión privada
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su estructura contractual y económica.
La adjudicación se realizará bajo el régimen de concesión de obra pública previsto por la Ley 17.520.
El adjudicatario deberá constituir un vehículo de propósito único (SPV), que será el titular del contrato de concesión y tendrá a su cargo la construcción y habilitación comercial de las obras.
Según corresponda, también asumirá su posterior operación y mantenimiento y actuará como Transportista Independiente respecto de determinadas instalaciones.
El período previsto de operación y mantenimiento será de 15 años desde la Fecha Máxima de Habilitación Comercial de la Etapa 2.
Dos fuentes de ingresos
El diseño económico del proyecto resulta particularmente atractivo porque contempla dos flujos de ingresos diferenciados.
1. Remuneración COP
Retribuye la inversión asociada a la construcción de las obras.
La remuneración:
* estará denominada en dólares estadounidenses;
* se determinará conforme al valor ofertado;
* será abonada mensualmente;
* contempla ajustes vinculados a la evolución del Producer Price Index (PPI) de Estados Unidos.
2. Tarifa TI
Retribuye los servicios de operación y mantenimiento correspondientes a aquellas instalaciones respecto de las cuales el concesionario actúe como Transportista Independiente.
A estos mecanismos se suma un aporte financiero de CAMMESA de hasta USD 55 millones, además de determinados equipos y servicios que serán provistos por la compañía.
¿Qué mirada debería tener el sector privado?
AMBA I merece ser analizado desde una perspectiva que excede la tradicional contratación de obra pública.
Estamos frente a un esquema que combina infraestructura estratégica, financiamiento, concesión, operación de largo plazo y remuneración en dólares, con mecanismos específicos de actualización.
Para empresas constructoras, inversores institucionales, fondos de infraestructura, operadores energéticos y potenciales socios estratégicos, el verdadero desafío será ahora analizar la estructura contractual, los riesgos de ejecución y demanda, el esquema de garantías, el régimen tarifario y la bancabilidad del proyecto.
En otras palabras: la licitación es apenas el comienzo.
La oportunidad estará en estructurar correctamente el vehículo de inversión, distribuir los riesgos y diseñar una propuesta competitiva que permita capturar el valor económico de una concesión de largo plazo.
Desde el Estudio
En Estudio Willa seguimos de cerca la evolución del régimen de infraestructura energética y sus nuevas oportunidades para el sector privado.
AMBA I vuelve a poner en agenda una cuestión central para los próximos años: cómo articular inversión privada y políticas públicas para financiar la infraestructura que necesita la Argentina.
Y, para las empresas que quieran participar, la pregunta ya no es solamente “¿qué se va a licitar?”, sino: ¿Cómo estructuramos nuestra participación para convertir una obra estratégica en una oportunidad de inversión sostenible?
Seguiremos analizando AMBA I y las novedades regulatorias que puedan impactar en el proceso licitatorio.
Estudio Willa / Derecho que anticipa negocios
ANDRES WILLA
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